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Originally published by La Opinion
Benito Jacinto, un inmigrante indocumentado llevaba a su hija al trabajo cuando un oficial de la policía de Ontario lo detuvo, lo transfirieron al Sheriff de San Bernardino y ellos le avisaron al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para que lo arrestaran.
El error de Jacinto fue conducir su automóvil con las placas vencidas y conducir sin licencia de manejo. Ahora enfrenta la deportación.
El incidente ocurrió el 17 de mayo como a las 6:30 de la mañana. Después de 16 días de arresto en el Centro de Detención Adelanto, Jacinto fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 2,000 dólares.
“ Estoy muy preocupado. Ya no me siento seguro. No quiero separarme de mi familia. Somos muy cercanos”, dice con miedo.
Jacinto de 48 años de edad, está casado, es padre de Vanessa de 21 años y Brian de 19 años. Ambos hijos son ciudadanos estadounidenses. Se convirtió en abuelo de Ariza, quien nació justo dos semanas después de que recuperó su libertad.
Vive en la ciudad de Montclair en el condado de San Bernardino y es líder de un grupo de jóvenes en la iglesia Asamblea de Dios de la ciudad de El Monte en el condado de Los Ángeles. Jacinto vino de Guatemala a Estados Unidos en 1990.
“Nunca pensé que me fuera a suceder a mi, que me detuvieran y esposaran de manos a piernas”, comenta. Y menos aún lo esperaba porque tiene un permiso de trabajo bajo una petición de asilo y siempre ha trabajado para sostener a su familia.
“Mi padre siempre se ha asegurado de que tengamos todo lo que necesitamos desde comida en la mesa hasta ropa sobre nosotros”, sostiene su hija Vanessa.
Errores del pasado
Jacinto admite que en el pasado tuvo problemas con la bebida y cometió errores como conducir en estado de ebriedad y dar información incorrecta que lo llevaron a ser condenado por ese delito menor en 1994 y 2001.
Pero enderezó su vida y se alejó del alcohol al convertirse al cristianismo evangélico. “Dejé el vicio al encontrar a Dios hace una década y ahora me dedico a dar consejería a los jóvenes para que eviten el abuso de sustancias tóxicas”, expone.
Su abogada Jessica Karp Bansal de la Red Nacional de Organización de Jornaleros dice que van a pelear para que le den el asilo político porque su caso es parte de un paquete de peticiones interpuestas en los años 90s que nunca fueron decididas. “Además constantemente le han renovado el permiso de trabajo”, afirma.
Una coalición amplia de líderes de fe, familiares, miembros de la comunidad y grupos de derechos civiles se han unido para exigir que se detenga la deportación de Benito Jacinto. “También se está pidiendo al sheriff de San Bernardino que deje de colaborar con el gobierno federal para deportar a miembros de la comunidad”, indica la abogada.
En Sacramento, este verano se decide la suerte de la medida SB54, el Acta de Valores de California que salvo muy pocas excepciones, si se hace ley, prohibiría la colaboración de los departamentos del sheriff y otras agencias policiacas locales y estatales de California con las autoridades de migración para entregarles inmigrantes indocumentados.
“Si esa medida ya fuera una norma, el sheriff protegería a personas como Jacinto en lugar de entregarlo a ICE”, dice su defensora.
El viernes por la tarde, la familia de Jacinto, defensores de la comunidad y otros líderes realizaron una manifestación afuera de las oficinas del sheriff en San Bernardino en apoyo al proyecto de ley SB54, cuyo autor es el líder del Senado, Kevin de León.
La Opinión intentó obtener una declaración de ICE sobre el caso de Jacinto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respueta.
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