Originally published by Mundo Hispanico
Un juez federal detuvo temporalmente la implementación de la controversial ley SB 4, la cual prohíbe las ciudades ‘santuario’, una decisión que significa una gran victoria para los críticos de la medida, la cual castigaba a las autoridades locales que limitaran o se rehusaran a colaborar con las agencias federales de migración.
La decisión del juez Orlando García evitará que la ley entre en vigencia el viernes 1 de septiembre y establece una suspensión provisional que requiere de un fallo de un tribunal superior para ser revertida. De otra forma, la implementación de la SB 4 quedará en el limbo hasta que una demanda federal se decida en la corte federal de San Antonio.
“Esta decisión es buena para Austin porque la SB 4, si se llega a implementar, podría convertir a Austin en un lugar inseguro”, dijo en un comunicado el alcalde de la capital de Texas, Steve Adler. “La crisis de esta semana con el huracán Harvey es solo el más reciente ejemplo de por qué las personas necesitan sentirse seguras a la hora de acercarse a los policías o grupos de apoyo, a pesar de cualquier cosa. Si las personas en Austin no se sienten con la confianza de pedir ayuda, ellas se volverán vulnerables al crimen y no solo ante los desastres naturales”.
La SB 4 otorga a las agencias del orden el poder de preguntar sobre la situación migratoria de las personas durante las interacciones rutinarias entre agentes y el público, incluidas las paradas de tráfico. Requiere además que las agencias del cumplimiento del orden cumplan con las peticiones emitidas por las autoridades federales de migración para retener a sospechosos de los cuales se crea que están en el país sin autorización legal. Al mismo tiempo, establece sanciones civiles y penales para las autoridades electas que creen políticas en contra de la SB 4.
Los críticos de la medida dicen que promueve el perfilamiento racial, que viola la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense y que separará a las familias inmigrantes. Los que están a favor dicen que la normativa ayudara a eliminar el crimen y a deportar a los criminales.
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