Originally published by La Opinion
Maria Peña
En cuestión de horas, el guatemalteco Luis Barrios debía abordar un vuelo desde el aeropuerto JFK en Nueva York con futuro incierto a su país natal, pero las autoridades de inmigración le han dado un “respiro” de 30 días para seguir luchando por su caso en Connecticut, informó hoy miércoles a este diario su abogada, Erin O’Neil-Baker.
Barrios, de 51 años, recibió una orden final de deportación en 1998 pero durante la Administración Obama había recibido una suspensión anual hasta febrero pasado, cuando le informaron que tenía que largarse de EEUU.
Su vuelo de retorno estaba previsto para las dos de la madrugada del jueves pero, según indicó a este diario la abogada, la oficina regional para Nueva Inglaterra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dio a Barrios una suspensión temporal de 30 días.
“No tiene que irse esta noche, pero sí necesitamos seguir trabajando y luchando por su caso”, dijo O’Neil-Baker.
“La familia Barrios está enormemente agradecida y feliz con este respiro de 30 días. En los próximos 30 días, vamos a continuar trabajando para encontrar una solución permanente para Luis para que pueda quedarse acá. El apoyo de la comunidad y de los congresistas de Connecticut ha sido abrumador, y la familia siente una esperanza y gratitud indescriptibles”, afirmó la abogada del bufete Hartford Legal Group.
Barrios tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, y ese breve respiro le permitirá seguir explorando opciones para permanecer en este país, al que llegó en 1992, huyendo de la violencia en su natal Guatemala.
Barrios fue arrestado en 2011 por manejar con una de las luces traseras de su vehículo rota, y fue entregado a los agentes de ICE, que le colocaron un grillete electrónico en su tobillo izquierdo, y desde entonces se reportada anualmente a la agencia. En febrero pasado, bajo la nueva Administración, las revisiones aumentaron a una por semana.
Pese a que no tiene antecedentes criminales de ningún tipo, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha insistido en que la orden de deportación de 1998, emitida luego de que su petición de asilo fue denegada, lo hace “deportable”.
Su caso ha movilizado a grupos pro-inmigrantes a nivel nacional, y ha atraído atención mediática precisamente porque el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha dicho que la prioridad de la Administración Trump es deportar a “criminales”.
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