Foto : Lucy Nicholson / Reuters
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Los primeros seis meses del gobierno del presidente Donald Trump dejaron una profunda huella en la comunidad inmigrante. Transcurrido ese tiempo, los números pueden sorprender: Trump ha deportado un 13% menos indocumentados que su antecesor Barack Obama, aunque sí ha aumentado casi un 40% los arrestos. Sin embargo, no son los números lo que más preocupan a extranjeros, abogados y activistas, sino la retórica antinmigrante, el discurso de odio blandido por el presidente.
Entre el 20 de enero y finales de junio (los primeros 162 días de gobierno), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 88,586 y arrestó a 68,750 extranjeros. Uno de estos últimos fue el esposo de la señora Digna, quien aguarda en una cárcel de Texas que se decida si es puesto en libertad o expulsado a Honduras.
“El 8 de junio fue a su cita, como en los últimos cinco años, para verificar que no tenía crímenes. Pero no volvió a casa porque le dijeron que lo iban a deportar”, cuenta la mujer.
El inmigrante entró a EEUU en el 2000 y poco tiempo después un juez de inmigración le dio una orden de deportación en ausencia porque no se presentó al tribunal, una falta que durante el gobierno de Obama no era una prioridad de deportación, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
Cambio de política
Las reglas de Obama fueron cambiadas el 25 de enero. Tal como Trump lo había anunciado durante su campaña, ese día firmó dos órdenes ejecutivas ( una sobre el muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades santuario), en las que decretó que la presencia indocumentada en el país era una amenaza a la seguridad nacional y pública.
El mandatario, además, ordenó aumentar los arrestos, puso fin a las discreciones procesales (como el caso del esposo de Digna), amplió la lista de prioridades de deportación (incluyendo a indocumentados que han sido acusados y sus casos todavía están pendientes), e instruyó a ICE para que acelere las deportaciones.
La política migratoria de Trump “es la única constante en medio de los escándalos políticos de su gobierno”, dice Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice. “Si bien en su campaña prometió centrarse en delincuentes, ha detenido y deportado a padres y madres de familia sin historial delictivo”, agregó.
En junio ICE deportó a 14,283 indocumentados, la cifra más baja de expulsados en los últimos nueve meses, de acuerdo con un reporte de la agencia solicitado por Univision Noticias. El número de detenidos fue de 13,914.
Según los datos, desde el inicio en octubre del año fiscal 2017, ICE ha deportado a 171,399 indocumentados, un promedio diario de 627 personas. Durante los ocho años del gobierno de Obama ICE deportó un promedio diario de 923 personas, y el 43% de ellos no tenía antecedentes criminales.
Discurso “aterrador”
Pero no son los números los que alarman a la comunidad inmigrante. “Es la retórica de este gobierno”, dice Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland. “La comunidad está aterrorizada por los ataques de odio, por la forma en como el presidente (Trump) se ha referido, y se refiere a nuestra comunidad”.
Desde un comienzo de la campaña, en junio del 2015, el magnate tildó a los mexicanos de violadores, asesinos y traficantes de drogas. También prometió que en un plazo de 18 meses deportaría a los 11 millones de indocumentados en el país.
Por ahora los números no confirman sus amenazas, “pero se está preparando para deportaciones masivas”, advierte Torres. “Y a pesar que las cifras son similares a las de Obama, la retórica ha aumentado en estos seis meses”.
“Nos preocupan las advertencias de las eliminaciones del TPS (Estatus de Protección Temporal) de los centroamericanos y el DACA (Acción Diferida) de los dreamers. Y también la construcción del muro en la frontera con México y la contratación de más policías de inmigración. Trump está ligando todo lo que es crimen con inmigración, y eso le está dando resultados políticos”, indica Torres.
Cambio de actitud
Para la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, otro de los síntomas “preocupantes” del gobierno de Trump “es la actitud” de los agentes de inmigración, que juega un papel clave al momento de decidir deportar o no a un inmigrante.
“Hasta cierto punto es muy poco tiempo (seis meses) para implementar ciertas políticas, pero estamos viendo mucha actividad para detener a personas. Hay más jueces, están aumentando las salidas voluntarias, están revisando a todos los inscritos en DACA y están abriendo todos los casos que estaban cerrados por discreción de las fiscalías”, como el esposo de Digna, señala Velásquez.
“Todo esto nos dice que a partir de ahora podremos ver un volumen más alto de deportaciones en corto tiempo”, agrega.
Añade que el cambio de actitud en los agentes de inmigración “nos permite ver una actitud de empoderamiento para llevar a cabo ciertas medidas que antes no observábamos, como por ejemplo en cuanto a las discreciones procesales y los asilos en la frontera. Recuerde que hay una demanda en contra de la Patrulla Fronteriza por impedir que personas que califican para solicitar el amparo del gobierno lo hagan libremente”.
Velásquez dice además que el cambio de actitud también se refleja en las fianzas, “y los abogados no esperamos que en los meses venideros veamos más benevolencia o que haya un mejor trato que antes hacia los inmigrantes”.
Futuro incierto
Las preocupaciones de Velásquez y Torres son compartidas por Eliseo Medina, exvicepresidente del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU) y directivo de Mi Familia Vota. “Si algo hemos aprendido de este presidente es que lo que dice hoy puede, y muchas veces es, diferente el siguiente día”.
“Me parece que no tiene un plan bien formulado de lo que quiere o puede hacer. Veamos el ejemplo del intento por revocar Obamacare. El proceso que ha seguido es sin ton ni son, solo de mensajería política desprendida de la realidad”, agrega.
Medina dice además que “esto también lo vemos en los funcionarios. Dicen lo que quiere oír su base, no están formulando una política pública coherente y eficaz”.
“El problema es que, entre todo esto, mucha gente vive en la incertidumbre y salen perjudicados”, entre ellos miles de indocumentados arrestados y deportados de Estados Unidos”.
Los números del gobierno
De los 14,283 arrestados por ICE en junio, “el 70% de ellos habían sido condenados (pendia sobre ellos una orden de deportación) y el 30% no eran criminales”, dijo a Univision Matthew Bourke, de la oficina de asuntos públicos de ICE.
Bourke agregó que en promedio cada indocumentado detenido por la agencia permanece en un centro de ICE 54 días, y advirtió que en la medida que aumente el número de arrestos se incrementarán los tiempos de detención.
“La estadística no significa, sin embargo, que los detenidos fueron deportados del país después de un promedio de 54 días”, señala el vocero. “Algunos pueden haber entrado en un programa de alternativa a la detención”, entre ellos ser liberados bajo una orden de supervisión o permanecer bajo la custodia de ICE.
ICE dijo además que “los extranjeros detenidos que no tienen una orden final de deportación, pero son considerados una amenaza para la seguridad pública, permanecerían detenidos durante el proceso de expulsión, y será un juez quien decida sus futuros en el país”.
En cuanto a los extranjeros que no constituyan una amenaza a la seguridad pública o nacional, y que tengan una orden final de deportación, Bourke dijo que “pueden ser elegibles para presentar una apelación a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (EOIR)”, y que en aquellos casos en los que un extranjero ingresó ilegalmente a Estados Unidos después de una deportación, “puede no ser elegible para apelar su caso. Se analizarán caso por caso”, apuntó.
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