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Piden a Trump “segunda oportunidad” para guatemalteco a punto de ser deportado

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Salvo que ocurra un “milagro”, nada salvará de la deportación el próximo jueves al guatemalteco Luis Barrios, y a sus cuatro hijos de un futuro incierto, pese a la intervención de líderes demócratas y la protesta de este martes en Hartford (Connecticut) de más de un centenar de activistas.

En sendas entrevistas telefónicas hoy con este diario, Luis, su hija mayor, Jessica, y su abogada Erin O´Neil-Baker, pidieron que la Administración Trump le dé una “segunda oportunidad” y permita reabrir su caso.

“Me detuvieron en 2011 porque tenía rota una de las luces traseras del coche; estuve detenido como tres horas, y me llevaron con Inmigración y cada año me reportaba con ellos” explicó Barrios, quien luce un grillete electrónico en el tobillo izquierdo.

“Una familia de bien”

“Quisiera que el presidente Trump vea que no soy un criminal, que somos una familia de bien, que me dé una segunda oportunidad y reabra mi caso. Mi familia se va a quedar acá, pero espero que haya una solución… les dije que tienen que luchar”, enfatizó Barrios, de 51 años.

Por su parte, Jessica, de 19 años, recordó el momento en que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) le avisaron a Barrios que sería deportado.

“Quiero que la gente sepa que somos una familia muy unida, y esta separación nos va a doler. Mis hermanos pequeños le preguntan a mi papá que cuándo va a volver, y eso me parte el corazón” dijo Jessica, quien cursa primer año en Justicia Criminal en la Universidad de Bridgeport.

“Somos muy pegados con mi papá. Yo le ayudo en todo y lo acompaño a los eventos de la iglesia. Mi papá no es una mala persona, ha trabajado duro en este país, y no es justo que se lo lleven“, insistió.

A la espera de un “milagro”

La abogada de Barrios explicó que sigue esperando respuesta a la petición que presentó el pasado 17 de abril ante la Junta de Apelaciones Migratorias del Departamento de Justicia, para reabrir el caso. Se prevé que la Junta emita una decisión mañana mismo.

Estamos esperando un milagro, porque Luis afrontaría un grave daño si es deportado. Acá hay personas que tienen el poder de cambiar el rumbo de esto, pero no han cambiado su postura”, se quejó O´Neil-Baker.

Tienen autoridad para ejercer discreción procesal, en vez de estar desperdiciando el dinero de los contribuyentes en perseguir su deportación”, argumentó la experta de Hartford Legal Group.

Asimismo, destacó el problema de violencia e inseguridad en Guatemala, donde varios familiares de Barrios, así como amigos de la familia, fueron asesinados en años recientes. Una sobrina de su esposa, Dora Beltrán, fue asesinada en 2010.

Un informe reciente del Departamento de Estado destacó la corrupción y violencia en Guatemala, donde abundan las violaciones a los derechos humanos y las mismas autoridades policiales actúan en colusión con criminales.

Solidaridad con Barrios

Esta mañana, más de un centenar de activistas de diversos grupos proinmigrantes, incluyendo el “Working Families Party”, realizaron un acto de desobediencia civil frente a las oficinas de ICE en el edificio federal Abraham Ribicoff, en Hartford (Connecticut), para exigir un cese a su eventual deportación.

Del total, 18 fueron arrestados por la policía, según los organizadores, que además han recabado más de 2,500 firmas en una petición en línea para que ICE desista de su deportación.

En paralelo, varios líderes demócratas de Connecticut, como la legisladora Rosa DeLauro y los senadores Richard Blumenthal, y Chris Murphy, han enviado sendas cartas a  ICE en el sector de Nueva Inglaterra, urgiendo el uso de la “discreción procesal” a favor de Barrios.

Blumenthal dijo el lunes en conferencia de prensa que Barrios ha vivido en EEUU sin razones para ser deportado, por lo tanto su caso debería ser sometido a nueva evaluación.

Recientemente, el propio secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que la prioridad de la Administración es deportar a criminales, pero la realidad sobre el terreno es distinta, según activistas.

“Estoy solicitando discreción procesal en este asunto, y una consideración justa de todas las contribuciones del señor Barrios a la sociedad y sus obligaciones de cuidar de su familia. Me preocupa profundamente esta situación”, dijo DeLauro en una carta enviada la semana pasada al director regional de ICE, Todd Thurlow.

El origen de todo

Barrios emigró ilegalmente de Guatemala en 1992, huyendo de la violencia, y desde entonces ha vivido y trabajado en la sombra en EEUU, donde formó pareja y tuvo cuatro hijos.

Barrios había solicitado asilo pero, por un cambio de domicilio, no recibió a tiempo la cita de su audiencia, perdió el caso en 1998 y recibió una orden de deportación de un juez federal.

Desde 2011, bajo la Administración Obama, logró una suspensión anual de esa orden judicial, y nunca fue una alta prioridad para la deportación.

De hecho, siempre cumplió cada cita anual con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), pero a partir de febrero pasado, con la Administración Trump, las citas aumentaron de frecuencia a una por semana.

La ley es la ley

Un portavoz de ICE explicó hoy a este diario que el caso de Barrios está cerrado, y los agentes tienen que cumplir la orden de deportación.

“El señor Barrios recibió una orden final de deportación en 1998, y eso lo hace deportable. ICE tiene que cumplir con las órdenes judiciales”, explicó Shawn Neudauer, portavoz de ICE en Washington.

“En su caso, él recibió durante años el debido proceso judicial, por lo que tomó tanto tiempo deportarlo… él ha agotado todas las opciones del debido proceso, y tenemos una orden judicial que cumplir”, enfatizó.

La semana pasada, ICE dijo en una declaración escrita que la agencia le permitió a Barrios estar libre mientras finalizaba sus planes de deportación, y que “seguiría de cerca su caso para asegurar su oportuna salida” de EEUU.

48 horas de ansiedad y un futuro de desesperanza

Barrios ya tiene listo su boleto de avión para la madrugada del jueves, pero le preocupa, dijo, dejar atrás a su familia “y toda una vida en este país”.

No es para menos. Barrios es el único sustento de su hogar en la localidad de Derby, y aunque lleva 14 años en la misma empresa, limpiando tanques sépticos, su jefe no le puede patrocinar una visa porque una ley migratoria federal lo impide.

Es que Barrios no reúne los requisitos que le facilitarían ajustar su estatus migratorio a una residencia permanente: entró de forma ilegal a EEUU, tiene orden de deportación final, y no hay exenciones en su caso.

Su esposa, Dora, está desempleada y aunque ha solicitado asilo también corre riesgo de deportación, y por ahora el plan inmediato es que ella consiga pronto un trabajo de limpieza.

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